El gobierno cubano despilfarra el dinero público


La economía cubana padece de un abultado gasto público -más del 65% del PIB- debido a su ineficiencia crónica y al erróneo desempeño del estado como propietario de los medios de producción.


Hace dos años, el 65,5% del PIB era absorbido por los gastos públicos, un porcentaje que supone más del doble de la media de países de América Latina. Como consecuencia de la combinación de estos dos factores, la economía cubana necesitaría crecer por encima del 5% anual, una quimera en la actual coyuntura.


No se conocen estudios académicos en Cuba destinados a medir y evaluar la eficiencia del gasto público y las propuestas de mejora que aparecen, se acaban archivando por los estamentos políticos, como consecuencia de la presión desmedida de todos los organismos y unidades del sector presupuestado.


El régimen cubano siempre ha utilizado los indicadores intermedios (médicos por habitante, alumnos por profesor) en los informes comparativos a nivel internacional, pero nunca ha medido los niveles de calidad en la prestación de los servicios. Desde esta perspectiva, no es posible comparar la situación de Cuba con la de otros países, y por ello, el gasto público, lejos de ser un instrumento que promueva la mejora del funcionamiento de la economía, la frena, la traba y le impide crecer.


Pese la magnitud absoluta y relativa del sector público, Cuba se aleja notablemente de los indicadores y mejores prácticas en la gestión del gasto, y los intentos por mejorar su forma de gastar acaban siendo un fracaso, porque nadie en el gobierno quiere conseguir tales objetivos.

Si Cuba pretendiera reducir el gasto para equilibrar sus cuentas públicas, acabaría provocando serias distorsiones en el funcionamiento de los sectores económicos y no solo en los servicios públicos. Se alejaría de cualquier opción de superávit y podría acabar generando una brecha mayor entre gastos e ingresos.


Atrapado en este modelo estatal y centralizado, que relega la actividad privada a una cuota marginal en el conjunto de la economía, el régimen tiene cada vez más dificultades para afrontar sus necesidades de gasto público, y se encuentra atrapado en un círculo vicioso del que no sabe salir.


Cada vez que una voz autorizada solicita control y reducción del gasto público, la reacción inmediata es la oposición a reducir las prestaciones sociales o los llamados “logros de la revolución”, una posición que está justamente en contra de la necesidad de gastar mejor y de forma más responsable.


En los últimos 61 años, Cuba no ha aplicado experiencias de modernización en la gestión de las finanzas públicas. Ha permanecido aislada de las tendencias existentes en otros países, de economía mixta, donde se ha apostado por modelos de externalización del gasto estatal con el objetivo de reducir la presión de la demanda social sobre el presupuesto estatal.


Y esta renuncia del régimen, y su voluntad de hacerse cargo de todo el gasto, va en contra de un modelo de colaboración público y privada, que según muchos economistas es un instrumento fundamental para mejorar la gestión pública.


En términos comparados, los niveles de externalización de la administración cubana se encuentran completamente alejados de la media de otros países de la región y presentan notables contradicciones. Mientras que en inversiones, los porcentajes tienden a ser elevados, en la prestación de servicios, la externalización es prácticamente nula.


El contraste de datos no admite discusión. Cuba se sitúa entre las economías que menos gasto público ejecuta en externalización. De este modo, el país destina menos del 0,5% del PIB a externalizar servicios, frente a un 7,6% del PIB de promedio en América Latina, un 9,7% en la Unión Europea. Alemania alcanza un 13,3% y Holanda o Finlandia un 16%.


En digitalización que, para muchos expertos es una de las actuaciones más adecuadas para contener el gasto público, Cuba se encuentra notablemente atrasada, y apenas acaba de empezar a desarrollar procesos en el ámbito de algunos servicios. Pero en materia de gestión pública del gobierno abierto el avance de la digitalización es muy limitado.


No existen planes para su puesta en marcha, ni la digitalización en todas las administraciones Y mucho menos se apuesta por un gobierno abierto, que abra las puertas de los trámites a los ciudadanos en libertad y con pleno respeto a sus derechos.


El uso del papel está generalizado en las resoluciones administrativas, farragosas y complejas. En el ámbito de la prestación sanitaria, los avances en la digitalización en Cuba son inexistentes, y en las escuelas cubanas, pensar en pizarras digitales o equipos informáticos para el aprendizaje de las nuevas tecnologías parece imposible.


Todo ello, a pesar que la introducción de estas nuevas tecnologías permitiría reducir los gastos y promover una gestión mucho más eficiente y, como a gusta a los comunistas, totalmente pública.


Otra vía para mejorar la eficiencia en la gestión de los gastos públicos se consigue por medio de la reducción intensa y coordinada de la administración paralela. En el caso de Cuba, las organizaciones de masas dependientes del partido único y hegemónico, muchas de ellas improductivas y de dudoso sentido en términos de servicio público, podrían ser objeto de un proceso de racionalización, estableciendo mecanismos que aseguren su funcionamiento bajo control, incluso su desaparición.


Estas medidas de racionalización tampoco han ido acompañadas de procesos de evaluación de los empleados del sector público acompañados de mejoras salariales para incentivar su desempeño. Las subidas salariales acordadas en 2019 en el sector presupuestado no tuvieron como base procesos de evaluación previos, sino decisiones políticas, para reforzar la cadena de mando.


En Cuba, técnicas modernas como la la retribución por objetivos ni están ni se las espera, a pesar de que en numerosos países han permitido mejorar el rendimiento de los empleados públicos, con el consecuente beneficio para los ciudadanos.


La transición a la democracia y la economía de mercado van a exigir de los responsables políticos futuros un gran esfuerzo para aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público, mejorar su distribución y promover una mayor eficacia en el empleo de recursos estatales en cada ámbito, una vez se decida el lógico adelgazamiento del desproporcionado aparato estatal y su maquinaria burocrática.


Un gobierno democrático deberá realizar una evaluación rigurosa y externa de las políticas públicas desarrolladas por el conjunto de las administraciones, a fin de determinar cuáles se deben revisar por sus posibles deficiencias y solapamientos, y en qué medida hay que orientar el gasto para que el estado no sea una traba o un freno al desarrollo económico, sino una palanca para su crecimiento.


Una revisión somera de los presupuestos públicos en Cuba permite identificar numerosas áreas de mejora asociadas, sobre todo, a los mecanismos de intervención directa del estado en la economía, por medio del efecto combinado de los subsidios a las empresas, que movilizan cuantiosos recursos todos los años para la cuota de la Libreta de Racionamiento.


En la coyuntura actual, el Estado comunista detrae directamente recursos de empresas estatales para cubrir un 15% del PIB, en lo que se conoce técnicamente como contribución no tributaria.


Estos sistemas de intervención son susceptibles de eliminación, conforme la economía de mercado consolide sus posiciones, se liberen los precios y las decisiones de los agentes económicos se adopten en un marco de racionalidad y eficiencia.


Los resultados de la educación en Cuba deben ser sometidos a pruebas internacionales como las que realizan organismos internacionales especializados y determinar la eficiencia del gasto en educación (8% PIB). Posiblemente, los resultados apuntarían a la búsqueda de vías de colaboración público y privada que permitan mejorar los niveles de calidad del sistema educativo y avanzar hacia su modernización tecnológica.


Los gastos desorbitados en defensa, policía y seguridad del estado o administración pública, que consumen el 9% del PIB, alejan a Cuba de los estándares internacionales, donde la aplicación de modelos de servicios digitalizados permiten una racionalidad y contención del gasto público.

En relación con los gastos e ingresos de las entidades estatales provinciales y municipales, hay mucho que hacer para corregir las desigualdades que la intensificación de los procesos de autonomía territorial pueden provocar. Los gobiernos locales, vinculados con las empresas que operan en sus ámbitos, registran un superávit en sus cuentas del 6% del PIB, frente al negativo 12,2% que soportan las cuentas del estado central, un déficit de más del doble con respecto a las adminitraciones territoriales.


En el ámbito de la salud pública (11% del PIB, al que se suma el 6,5% de la seguridad social) igualmente, la participación privada podría ayudar al estado a compensar el esfuerzo que se debe realizar para propiciar la prestación general de los servicios a toda la población, sin merma de calidad y distorsiones de corruptelas, como viene ocurriendo en los últimos años.


Tras 61 años de régimen comunista, el ámbito de la gestión pública democrática en Cuba abriría oportunidades extraordinarias para la modernización y la eficiencia, sin pérdida de los niveles de prestación. Gastar mejor no es difícil si se sabe en qué dirección se tiene que actuar.

El estado no puede ser una traba para el funcionamiento de la economía, sino un estímulo que, a partir de una adecuada definición de sus funciones clásicas de distribución, asignación y estabilidad, que le atribuye la ciencia económica moderna, promueva una regulación eficaz para que los agentes económicos privados puedan conseguir sus objetivos.


El futuro de Cuba pasa, irremediablemente por una clave de contención y eficacia del gasto público; empezar a transitar ese camino o mirar para otro lado es responsabilidad de los actuales mandatarios.

ENGLISH:

The Cuban economy suffers from a bulging public spending - more than 65% of GDP - due to its chronic inefficiency and the state's poor performance as the owner of the means of production.

Two years ago, 65.5% of GDP was absorbed by government expenditure, a percentage that is more than double the average of Latin American countries. As a result of the combination of these two factors, the Cuban economy would need to grow above 5% per annum, a chimera at the current juncture.


There are no known academic studies in Cuba aimed at measuring and evaluating the efficiency of public spending and the improvement proposals that appear, are shelved by political institutions, as a result of excessive pressure from all agencies and units budgeted sector.


The Cuban regime has always used intermediate indicators (doctors per capita, students per teacher) in international comparative reports, but has never measured quality levels in the provision of services. From this perspective, it is not possible to compare the situation in Cuba with that of other countries, and therefore public spending, far from being an instrument that promotes the improvement of the functioning of the economy, the brake, the obstacle and prevents it from growing.


Despite the absolute and relative magnitude of the public sector, Cuba departs markedly from indicators and best practices in spending management, and attempts to improve the way it spends end up being a failure, because no one in the government wants to achieve such Objectives.


If Cuba were to cut spending to balance its public accounts, it would end up causing serious distortions in the functioning of economic sectors and not just in public services. It would move away from any surplus option and could end up creating a larger gap between spending and income.


Trapped in this state and centralized model, which relegates private activity to a marginal quota in the economy as a whole, the regime is increasingly struggling to meet its public spending needs, and is caught in a vicious cycle of the who can't get out.


Whenever an authorized voice requests control and reduction of public spending, the immediate reaction is the opposition to reducing social benefits or the so-called "achievements of the revolution," a position that is rightly against the need to spend better and more responsible way.

In the last 61 years, Cuba has not applied modernization experiences in the management of public finances. It has remained isolated from trends in other mixed-economy countries, where it has opted for models of outsourcing state spending with the aim of reducing the pressure of social demand on the state budget.


And this resignation from the regime, and its willingness to take over all spending, goes against a model of public and private collaboration, which many economists say is a fundamental tool for improving governance.


In comparative terms, the outsourcing levels of the Cuban administration are completely far from the average of other countries in the region and present notable contradictions. While in investments, the percentages tend to be high, in the provision of services, outsourcing is practically zero.


Data contrast does not support discussion. Cuba ranks among the economies that spend the least public spending on outsourcing. Thus, the country spends less than 0.5% of GDP outsourcing services, compared with 7.6% of average GDP in Latin America, 9.7% in the European Union. Germany reaches 13.3% and the Netherlands or Finland 16%.


In digitization, which, for many experts is one of the most appropriate actions to contain public spending, Cuba is significantly behind, and has only just begun to develop processes in the field of some services. But in terms of open government governance, the advance of digitization is very limited.


There are no plans for its implementation, nor digitization in all administrations And much less is committed to an open government, which opens the doors of formalities to citizens in freedom and with full respect for their rights.


The use of paper is widespread in administrative, farcical and complex resolutions. In the field of health provision, advances in digitization in Cuba are non-existent, and in Cuban schools, thinking about digital whiteboards or computer equipment for learning new technologies seems impossible.

All this, although the introduction of these new technologies would reduce expenditures and promote much more efficient and, as the communists like, fully public.


Another way to improve efficiency in the management of public expenditures is achieved through the intense and coordinated reduction of parallel administration. In the case of Cuba, single-party and hegemonic mass organizations, many of them unproductive and dubiously meaning in terms of public service, could be the subject of a process of rationalization, establishing mechanisms to ensure their operation under control, including its disappearance.


hese rationalization measures have also not been accompanied by public sector employee assessment processes accompanied by wage improvements to incentivize their performance. The wage increases agreed in 2019 in the budget sector were not based on previous evaluation processes, but political decisions, to strengthen the chain of command.


In Cuba, modern techniques such as goal pay are neither expected nor expected, despite the fact that in many countries they have improved the performance of public employees, with the consequent benefit for citizens.


The transition to democracy and the market economy will require a major effort from future policymakers to increase the efficiency and efficiency of public spending, improve its distribution and promote greater efficiency in the use of state resources in each area, once the logical thinning of the disproportionate state apparatus and its bureaucratic machinery is decided.


A democratic government should carry out a rigorous and external assessment of public policies developed by all administrations, in order to determine which ones should be reviewed for their potential deficiencies and overlaps, and to what extent there are to direct spending so that the state is not a hindrance or a brake on economic development, but a lever for its growth.

A cursory review of public budgets in Cuba identifies numerous areas of improvement associated, in particular, with the mechanisms of direct intervention of the state in the economy, through the combined effect of subsidies to companies, which they mobilize resources each year for the ration book fee.


At the current juncture, the communist state directly dealwiths resources from state-owned enterprises to cover 15% of GDP, in what is technically known as a non-tax contribution.


These intervention systems are likely to be eliminated, as the market economy consolidates its positions, prices are freed and decisions of economic operators are taken within a framework of rationality and efficiency.


The results of education in Cuba should be subjected to international tests such as those carried out by specialized international agencies and determine the efficiency of spending on education (8% GDP). Possibly, the results would point to the search for avenues of public and private collaboration to improve the quality levels of the education system and move towards its technological modernization.


Exorbitant spending on defense, police and state security or public administration, which consume 9% of GDP, shiftCuba away from international standards, where the application of digitized service models allows for rationality and containment public spending.


With regard to the expenditures and incomes of provincial and municipal state entities, there is much to be done to correct the inequalities that intensified territorial autonomy processes can cause. Local governments, linked to companies operating in their fields, run a surplus in their accounts of 6% of GDP, compared with the negative 12.2% that central state accounts bear, a deficit of more than double with admins Territorial.


In the area of public health (11% of GDP, to which 6.5% of social security is added) equally, private participation could help the state to compensate for the effort to be made to promote the overall provision of services to the entire population , without diminishing quality and distortions of corruptelas, as has been the case in recent years.


After 61 years of communist rule, the field of democratic governance in Cuba would open up extraordinary opportunities for modernization and efficiency, without loss of levels of performance. Spending better is not difficult if you know which direction to act.


The state cannot be a hindrance to the functioning of the economy, but rather a stimulus that, based on an adequate definition of its classical functions of distribution, allocation and stability, attributed to it by modern economic science, promotes regulation effective so that private economic operators can achieve their objectives.


Cuba's future is irretrievably passed through a key to containment and effectiveness of public spending; to start going down that path or look the other way is the responsibility of the current leaders.


ARTÍCULO ORIGINAL DE CiberCuba.


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Sin Dios, la Democracia no durará ni puede perdurar mucho tiempo.  Ronald Reagan

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